La primera ley estatal en materia de derechos y bienestar de los animales en España —un asunto que hasta ahora había sido regulado en el ámbito autonómico— se ha aprobado este jueves definitivamente en el Congreso. La norma, denominada Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, ha vivido diferentes polémicas, desde que un primer borrador que soliviantó a cazadores y veterinarios hasta diferentes cambios, como la exclusión de los perros de caza, que han decepcionado a los animalistas. Así queda definitivamente la ley, que entrará en vigor seis meses después de publicarse en el BOE, es decir, el próximo septiembre. Mientras, el Congreso ha rechazado las enmiendas del Senado a la reforma del Código Penal para ampliar las penas por maltrato animal, por lo que se vuelve al redactado anterior.

Polémica gestión de las colonias felinas

La ley apuesta por el método CER (Captura, esterilización y retorno) para gestionar las colonias felinas, es decir, gatos que viven libres, a cuyos miembros exige capturar, identificar con microchip y volverlos a soltar, una labor de la que deben ocuparse los ayuntamientos —habrá fondos públicos para ayudar en esta labor: este año, dos millones—. Esto ha generado mucha polémica en Canarias: Coalición Canaria y la Agrupación Socialista Gomera han advertido del riesgo que implican para especies endémicas en peligro de extinción en el archipiélago. “Los gatos asilvestrados figuran entre las principales amenazas para los lagartos gigantes de La Gomera, El Hierro y Tenerife, para la lisneja, para el pinzón azul de Gran Canaria, para la musaraña canaria y para varias especies de aves marinas”, advirtió Ana Oramas en el debate del pasado 9 de febrero en el Congreso. Se quejan también conservacionistas como Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana-CSIC: “Los gatos silvestres son problemáticos, sobre todo para especies endémicas en las islas. El método CER no está demostrado científicamente que funcione. No se trata de sacrificar los gatos, pero desde luego no se les debe alimentar”. El Ejecutivo alega que el proyecto de ley contempla la “reubicación” de los gatos comunitarios que “supongan un impacto negativo para la fauna protegida”.

Esterilización obligatoria de todos los gatos

Se mantiene que todos los gatos se deben esterilizar e identificar mediante microchip antes de los seis meses de edad. Eso ya ocurre con todos los felinos que proceden de una protectora y algunas comunidades lo han regulado, pero ahora se extiende a todos los ejemplares. Quien no quiera castrar a su animal debe inscribirse en el Registro de Criadores de Animales de Compañía o se puede enfrentar a una sanción leve (de 500 a 10.000 euros). Este registro, obligatorio para quien quiera criar gatos o perros, será estatal, online, sencillo y gratuito.

No se podrá vender gatos, perros ni hurones en las tiendas de animales

La norma prohíbe vender perros, gatos y hurones en las tiendas de animales, como ya sucede, en parte, en la Comunidad de Madrid. Estos establecimientos sí podrán, en cambio, mostrar mascotas en adopción mediante acuerdos con protectoras. Así, solo podrán venderse allí peces, roedores y pájaros de criadores registrados. Con esta medida se pretende evitar las compras impulsivas, que son las que luego se traducen en abandonos. Sí se podrán comprar perros y gatos a criadores oficiales acreditados que se anuncien por internet.

Cambios en la reforma del Código Penal

Junto con la norma, se ha aprobado la reforma del Código Penal para castigar más el maltrato animal. El Código Penal, en su artículo 337, ya recoge el maltrato a los animales domésticos cuando se los maltrata de forma injustificada y se producen lesiones. La pena de cárcel por lesiones es de hasta 12 meses, y hasta 18 si se produce la muerte del animal con agravantes (como ensañamiento o en presencia de un menor). La reforma dobla las penas máximas, de manera que el castigo por muerte de un animal sería de 12 a 24 meses de cárcel (o multa de 18 a 24 meses), y si confluyen dos agravantes se podría alargar hasta 36 meses (tres años) de prisión. Además, se protege a todos los animales vertebrados (hasta ahora solo se protegía a los domésticos).

 

Fuente: El País